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Es “una locura” no priorizar la salud mental en Colombia

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¿Cómo actúa el cerebro ante la enfermedad mental?, ¿por qué han sido miopes las políticas para atenderla?, ¿cuáles son los detonantes de los trastornos mentales en la población colombiana?

Léalo en esta edición especial de Periódico UNAL.

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Artículo

De la psiquiatría a la medicación: la mirada miope de las políticas de salud mental que han transitado en Colombia

Según la Asociación Colombiana de Psiquiatría, hoy cerca de 1.283 psiquiatras atienden a más de 1.530.000 personas que sufren de trastornos como depresión, ansiedad, bipolaridad, déficit de atención o intentos de suicidio, y que se tratan con un coctel de medicamentos como el escitalopram, la fluoxetina o la olanzapina –costosos y difíciles de conseguir–, dejando de lado la incidencia de los problemas cotidianos que viven las personas y los factores como la pobreza, la desigualdad, el desempleo y hasta la inseguridad, que sin lugar a dudas también están afectando la salud mental.

En 2013, la Ley de la Esperanza propuso cambiar el enfoque de la salud mental como un tema estrictamente de la psiquiatría y la medicación. Foto: Nicol Torres / Unimedios

En 2013, la Ley de la Esperanza propuso cambiar el enfoque de la salud mental como un tema estrictamente de la psiquiatría y la medicación.
Foto: Nicol Torres / Unimedios


Creado por Juan Esteban Correa Rodríguez | Periodista Unimedios

18 de septiembre de 2023 | Sede Bogotá

Así, surgen muchas dudas: ¿esta receta general de medicamentos es la necesaria para atender el problema?, ¿se pueden meter todas las enfermedades mentales en el mismo saco?, o ¿por qué pese a tener políticas de salud mental desde 1998, en la práctica han sido un fracaso?

Este año el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta por el posible desabastecimiento de más de 720 medicamentos, la mayoría de los cuales se usan en tratamientos de trastornos mentales. Esta situación resulta preocupante, ya que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo en el primer año de la pandemia la depresión y la ansiedad en el mundo aumentaron en un 25 %. Por otro lado, el Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud) asegura que entre 2016 y 2021 las consultas por salud mental aumentaron en hasta un 34,6 %.

Recientemente se radicó el proyecto de ley “Salud mental para todos”, que busca priorizar su atención y prevención en el país, y que fue producto de una alianza entre más de 60 organizaciones de salud, congresistas y ciudadanos. Cifras del proyecto indican que en 2022 se registraron 2.835 suicidios, de los cuales 881 fueron jóvenes entre 18 y 28 años, y que los casos de ansiedad y depresión siguen aumentando en este grupo etario.

Este proyecto aparece cuando la reforma a la salud planteada por el Gobierno sigue en discusión, y en ella se incluye la atención en salud mental como una necesidad urgente, ya que en los últimos 12 años los trastornos mentales y de comportamiento ligados al coeficiente intelectual casi se han cuadruplicado, al pasar de 405.124 casos diagnosticados en 2009, a 1.543.543 en 2021, afectando a cerca del 3 % de la población colombiana.

Pero los intentos por transformar la falta de atención en salud mental y disminuir los casos no son nuevos. Así lo asegura el médico psiquiatra Edwin Herazo, doctor en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien realizó un exhaustivo análisis de informes, recopilaciones de expertos y normativas relacionadas con la salud mental en Colombia y el mundo, además de 25 entrevistas con personas de instituciones, pacientes, familiares, organizaciones y sindicatos para identificar los vacíos en las políticas públicas de salud mental desde 1998 hasta 2018.

Retrospectiva sobre los “locos”

Antes de 1946, si usted tenía un problema de salud mental era visto como el “loquito”, alcohólico, drogadicto y hasta delincuente, o en dado caso una prostituta, y su diagnóstico era un tema de “higiene” –incluso existía un ministerio con este nombre–, como si se hablara de algo que hay que limpiar, una mancha, una degeneración moral; y centros como el manicomio de Sibaté (Cundinamarca), el Hospital Neuropsiquiátrico Julio Manrique, de la Beneficencia de Cundinamarca, lo confirman: allí fueron tratados en su momento más de 2.000 pacientes, y fue un centro importante para la formación de médicos de la UNAL.

A la par del boom que ya existía en el mundo, desde 1953 en Colombia la medicación fue la norma para tratarlos. Según el estudio del profesor Herazo, “el enfoque de: ‘si tiene depresión o ansiedad tómese estas pastillas’ sigue imperando con algunos psiquiatras como la voz principal, desconociendo, desde aquella época, a expertos de otras disciplinas que incluyen los aspectos sociales, culturales y económicos como determinantes clave de la salud mental”.

Jorge Noriega, ingeniero de 72 años e integrante de la Asociación Colombiana de Bipolares (ACB), diagnosticado con un trastorno bipolar grave, cuenta que “tanto los médicos como las clínicas me realizaron tratamientos completamente farmacológicos y desatinados, y no me informaron sobre el diagnóstico en los primeros años”.

Añade que su caso fue tratado como “trastorno bipolar no identificado”, por lo que tuvo medicamentos para la ansiedad o la depresión, mas no los que necesitaba para su trastorno particular, que, entre otras cosas, fue diagnosticado 8 años después (estadística en tiempo promedio de estos casos), esto teniendo en cuenta que consultó a más de 4 profesionales en este campo. Un asunto bastante perjudicial si se tiene en cuenta que los trastornos se agravan con el tiempo, y que la salud del paciente desmejora por no saber lo que le está ocurriendo.

Hoy sabemos que hay situaciones que afectan la salud mental y que se viven todos los días: perder más de 132 horas en trancones en Bogotá en un solo año; ser el segundo país más desigual de Latinoamérica, en donde, según el DANE, en 2021 había más de 19 millones de personas en condición de pobreza económica; la percepción de inseguridad también aumentó, pues solo en 2022, el 52,9 % de los ciudadanos encuestados en todo el territorio nacional expresó sentirse inseguro; y ni hablar de una de las más crudas realidades que se han vivido en los últimos 60 años: la violencia y el conflicto armado con grupos al margen de la ley.

Según la Comisión de la Verdad, entre 1985 y 2018 murieron cerca de 800.000 personas por causa del conflicto armado, y en el mismo escenario 210.000 desaparecieron y 752.964 fueron desplazadas de sus territorios.

Aunque esta guerra empezó en 1960, solo hasta 1998 fue un factor determinante en el entendimiento de la salud mental, con la primera Política Nacional de Salud Mental (PNSM, 2018), fruto de la conmoción que causó el desplazamiento de 4000 personas –incluidos 1.800 niños menores de 14 años– desde Riosucio (Chocó) hasta Pavarandó Grande (Antioquia), víctimas del fuego cruzado entre actores del conflicto.

Para abordar los problemas de salud mental de estas poblaciones horrorizadas por la guerra seguía imperando el diagnóstico de las enfermedades mentales tradicionales, como si los trastornos y el estrés postraumático que presentaban pudieran meterse en el mismo saco.

La Defensoría del Pueblo señala que en lo que va de 2023 se han presentado 59 desplazamientos forzados, mientras en 2017 Minsalud registró 3.334 suicidios de personas del campo, 580 en comunidades indígenas y 938 en población afrocolombiana. La guerra sigue latente, y la atención en salud mental en los territorios, débil.

Otro punto clave en la historia de la salud mental en el país –que aún repercute– es la lógica farmacéutica y financiera que inició en 1946 con la creación del Instituto Colombiano de Seguros Sociales; aquí los trabajadores accedían a un seguro de salud obligatorio cuyo plan de salud mental era muy pobre, pues quienes necesitaban ayuda “eran los locos”.

Esta medida recuerda la Ley 100 de 1993, que creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud y las Entidades Promotoras de Salud (EPS), con la obligación de asegurar el cumplimiento de un Plan Obligatorio en Salud (POS). Según Minsalud, hoy el 99,6 % de las personas están afiliadas; pese a esta cobertura las brechas no disminuyen, la calidad no mejora y hay desfinanciamiento crónico de las EPS.

La Superintendencia de Sociedades informó que las EPS adeudan, en billones de pesos: Nueva EPS, una de las más grandes del país, 5,4; Salud Total 2,8, Sanitas 2,3 y Sura 1,8. Así, los medicamentos para tratar la salud mental terminan siendo costosos. En 2008 la OMS dijo que hasta un 90 % de la población con trastornos mentales de países de ingreso medio y bajo compra los medicamentos de su propio bolsillo.

Lejos de ver la salud como un derecho estipulado en la Constitución Política de 1991, garantizada por el Estado, de calidad y gratis, se perpetúa una lógica financiera y económica en la cual el que tiene más dinero recibe mejor atención.

Entre tanto, la industria farmacéutica se beneficia del modelo de medicación: solo en 2018 esta industria obtuvo alrededor de 14 billones de pesos colombianos en el país, y podría llegar a los 63,4 billones en 2032, como lo señala Colombia Productiva, entidad del Ministerio de Comercio.

Iniciativas que deberían “desempolvarse”

En 2013 apareció la Ley de la Esperanza –diseñada entre otros por la UNAL–, la cual propuso dejar de ver la salud mental como un tema estrictamente de la psiquiatría y la medicación, ampliando el rango a determinantes sociales en salud como el ingreso económico, la educación, el trabajo, y la comunidad étnica o indígena, entre otros. La iniciativa se engavetó y olvidó sin explicación alguna, igual que la de 2017.

Cinco años después (2018) –y a dos de la firma del Acuerdo Final de Paz con las FARC-EP– llegó la nueva Política Nacional de Salud Mental, que incluyó 21 nuevos medicamentos para atender a personas con pánico, fobias, ansiedad o depresión, que beneficiaría a cerca de 400.000 pacientes. También se incluyó la epilepsia y el fortalecimiento de entornos familiares, comunitarios y territoriales. La prevención fue un aspecto preponderante.

Como pilar de la política se hizo la Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM) de 2015, la cual reveló que, de las personas que solicitaron atención en salud mental (65,9 % de 18 a 44 años, y 65 % adultos mayores de 45 años), solo el 38,5 y el 34,3 % recibieron algún tipo de atención. Según Medicina Legal, entre enero de 2021 y julio de 2022 se suicidaron 4.159 personas, de las cuales 1.714 eran menores de 29 años, y según Minsalud, después de las enfermedades cardiovasculares, la depresión sigue siendo la segunda causa de problemas de salud en Colombia.

Teniendo como referente la propuesta de la UNAL en 2014, soportada en la inclusión de más sectores sociales y factores determinantes, el profesor Herazo advierte que su alcance sigue siendo corto y que sigue imperando el modelo de diagnóstico y medicación. Asegura además que lo planteado esta vez recuerda a lo identificado en los diagnósticos nacionales de salud mental de 1973, en los que se identificaba que para cambiar el modelo se necesitaba cambiar temas como la financiación, la voluntad política, el enfoque y demás en la salud mental.

La ENSM de 2015 encontró que, en cuanto a acceso a servicios de salud mental, menos de la mitad de los niños de 7 a 11 años, y de adolescentes entre 12 y 17 años, que requerían acudir a los servicios de salud mental, lo hacían. Y mientras en el primer grupo el 13,7 % había estado en contacto directo con la violencia por el conflicto armado, en el segundo el porcentaje era de 18,3 %. Además, otra cifra que resulta importante es la del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.

Cifras de 2022 de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) muestran que en Bogotá el abuso y la dependencia se acentúan en jóvenes de 12 a 17 años de sectores pobres de la población; que el alcohol tiene 531.000 dependientes entre los 12 y los 24 años, y que el 6,16 % de ese mismo rango etario declaró consumo reciente, o en el último año, de drogas como marihuana, cocaína, bazuco y éxtasis, entre otras.

OMS ubica a Colombia por encima del promedio mundial de casos por depresión, y los jóvenes y ancianos mayores son los más vulnerables.

Actualmente Minsalud prepara una actualización de la Política Nacional de Salud Mental, y se enriquece con iniciativas promovidas desde el ámbito universitario, como por ejemplo un bus de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá atiende casi 1.000 casos con énfasis en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas en localidades como Bosa, Fontibón, Kennedy y Puente Aranda.

Imagen: Periódico UNAL

Imagen: Periódico UNAL





Artículo

“Los gobiernos deben aumentar los presupuestos para atender la salud mental”

Así lo señala Epsy Campbell Barr, presidenta de la Comisión de Alto Nivel sobre Salud Mental y COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quien en entrevista con Periódico UNAL habla sobre el aumento de las enfermedades mentales en niños, jóvenes y adultos de las Américas, y su relación con afecciones físicas como la hipertensión y las patologías cardiacas. La activista costarricense enfatiza en que los Gobiernos tienen que invertir más recursos para el bienestar sicológico de su población, ya que no atenderlo afecta el desarrollo de las naciones.

María Alejandra Moreno Tinjacá | Editora de Periódico UNAL digital

18 de septiembre de 2023 | Sede Bogotá

La Comisión de Alto Nivel sobre Salud Mental y COVID-19 de la OPS es el resultado de un arduo análisis para entender cómo está la salud mental de las Américas, y surge a causa de los impactos que ocasionó la pandemia, tiempo durante el cual los altos niveles de estrés, la incertidumbre, el aislamiento, la muerte de familiares y la pérdida de los empleos afectó la capacidad de las personas para manejar las situaciones y desestabilizó sus emociones.

En su momento, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, habló de enfrentar una segunda pandemia: la de la salud mental. De ahí la urgencia de abordar el tema no solo desde la salud sino con una mirada interdisciplinar que involucre empresas, Gobiernos, ONG y sociedad civil, en un escenario en el que los trastornos de salud mental aumentaron.

Se estima que en 2020 los “depresivos mayores”, es decir quienes sufren de la forma más grave de depresión –relacionada con los estados de ánimo– aumentaron en un 35 % y los casos de ansiedad en un 32 % en América Latina y el Caribe. Lo que no aumentó fue el presupuesto: en ese año el gasto gubernamental promedio en salud mental en la región fue solo el 3 % del gasto total en salud, y de este casi la mitad se asigna a los hospitales psiquiátricos.

Por eso en 2022 comenzó el análisis. Tras un año de trabajo, en junio de 2023 se entregó el Informe de la Comisión de Alto Nivel con los hallazgos y la hoja de ruta para cuidar la salud mental no solo de la población de las Américas sino de todo el mundo. La presidenta Campbell explica los principales temas.

Periódico UNAL (PU): ¿cómo está la salud mental en las Américas?

Epsy Campbell Barr (ECB): antes una aclaración: aunque se habla de las Américas, en la Comisión de Salud Mental incluimos a Canadá y los Estados Unidos. Encontramos que, pese a lo que se creía, enfermedades físicas como la hipertensión, los problemas cardíacos o los altos niveles de estrés están relacionados con la salud mental y generan una alta demanda de servicios de salud para que los pacientes puedan regresar a sus actividades cotidianas.

Vemos altos niveles de un miedo que paraliza a las personas, y esto tenemos que decirlo: no afecta a todos por igual. Identificamos que las mujeres manejan mayores niveles de estrés por patrones de comportamiento patriarcal y por las masculinidades tóxicas que ejercen una mayor presión. A causa de la discriminación, las comunidades afrodescendientes e indígenas presentan mayor impacto en su bienestar, son más vulnerables. En la región hay alrededor de 200 millones de personas afrodescendientes y 62 millones de personas indígenas, y claro, los jóvenes son los que nos preocupan.

PU: ¿por qué?

ECB: por el aumento del suicidio en jóvenes; nos dimos cuenta de que es una población vulnerable y que los entornos que habitan aumentan el riesgo no solo de quitarse la vida sino de sufrir de depresión o ansiedad. En la región mueren casi 100.000 personas al año por suicidio, lo cual afecta no solo a las personas y las familias sino a las comunidades enteras. Entre 2000 y 2019 la tasa regional de suicidios aumentó en un 17 %.

Vimos que no hay una herramienta para identificar los riesgos y que los jóvenes enfrentan demandas que van desde su misma relación con las redes sociales hasta el bullying y la presión del deber ser. A esto se suma la falta de acceso a educación, trabajo y deporte. Además tienen necesidad de ser escuchados, de ser comprendidos; hoy se esperan cosas absolutamente diferentes de las poblaciones más jóvenes y ellos no tienen los recursos y no hay inversión, por eso buscan el suicidio como salida.

PU: en el Informe ustedes hablan de la relación salud mental, productividad y avance de los países, ¿a qué se refieren?

ECB: se reportó un aumento en las incapacidades por tema de salud mental y esto disminuye claramente la productividad tanto de las empresas como de los países. La información que tenemos desde las propias empresas y desde el sector salud evidencian que las incapacidades están disparadas y disminuyen la productividad en algunos casos del 10 al 15 %; estamos hablando de un impacto serio y los temas de salud mental no se pueden minimizar. Este panorama fue crucial en la Comisión, ya que nos permitió ver otros factores que inciden en el bienestar de las personas y proponer una nueva agenda de salud mental.

PU: ¿qué factores?

ECB: en los temas ambientales, la pandemia cambió los entornos y la relación con estos, pero también el manejo de los recursos naturales y de las propias emergencias que hacen que las personas tengan que estar en albergues; que cosas que no tienen nada que ver, como los huracanes o el aumento de la deforestación, impactan en los entornos de las personas y a su vez generan nuevas realidades de la salud en general, y también de la mental. Es prioritario eliminar los obstáculos y las fallas sistémicas.

PU: ¿cuáles fallas?

ECB: entre ellas la falta de inversión y oferta de servicios para enfermedades no crónicas. Lo que pasa es que nos hemos enfocado en que la salud mental es un tema de aquellos que requieren hospitalización o que tienen problemas crónicos y permanentes. Y la falta de perspectiva de políticas de salud mental, de inversión, estamos proponiendo un aumento de al menos dos puntos porcentuales, porque esto impactará no solo la salud física sino también la productividad de los países. Ya nos dimos cuenta de que si no tenemos un trabajo sistemático preventivo se llega a temas extremos.

ECB: entre ellas la falta de inversión y oferta de servicios para enfermedades no crónicas. Lo que pasa es que nos hemos enfocado en que la salud mental es un tema de aquellos que requieren hospitalización o que tienen problemas crónicos y permanentes. Y la falta de perspectiva de políticas de salud mental, de inversión, estamos proponiendo un aumento de al menos dos puntos porcentuales, porque esto impactará no solo la salud física sino también la productividad de los países. Ya nos dimos cuenta de que si no tenemos un trabajo sistemático preventivo se llega a temas extremos.

PU: ustedes hacen unas recomendaciones para el cuidado de la salud mental, ¿en qué consisten?

ECB: una nueva agenda para la salud mental en las Américas es un llamado a la acción, dirigida principalmente a las autoridades gubernamentales de alto nivel y a los responsables de las políticas de la región de las Américas. Las recomendaciones y los puntos de acción se basan en cinco principios transversales: cobertura universal de salud; derechos humanos; igualdad y no discriminación; empoderamiento de las personas con problemas de salud mental y sus familias; y enfoque del curso de vida.

Las recomendaciones

  1. Acceso a la salud mental, como derecho universal de la salud.
  2. Integrar en todas las políticas que inciden en: empleo, educación, recreación.
  3. Acceso al deporte.
  4. Aumentar y mejorar la cantidad y calidad del financiamiento.
  5. Promover la salud mental a lo largo de la vida porque producto de la pandemia hay una discriminación exagerada en personas de la tercera edad.
  6. Plantear un enfoque transformador frente a las cuestiones de género.

Por último, hay un tema que incorporamos como prioritario: tener más datos e investigaciones sobre salud mental, hace falta y eso es crucial para tomar medidas más acertadas. En 2020, la cuarta parte de los países informaron que en los dos años anteriores no se habían recopilado datos sobre la salud mental.





Para la experta, “es prioritario eliminar los obstáculos”para acceder a servicios de la salud mental. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Para la experta, “es prioritario eliminar los obstáculos”para acceder a servicios de la salud mental.
Foto: MANDEL NGAN / AFP

Los psicofármacos se empezaron a utilizar en la década de 1950. Foto: Ilustración William Botía.

Los psicofármacos se empezaron a utilizar en la década de 1950.
Foto: Ilustración William Botía.

Los psicofármacos se empezaron a utilizar en la década de 1950. Foto: Ilustración William Botía.

Los psicofármacos se empezaron a utilizar en la década de 1950.
Foto: Ilustración William Botía.

Artículo

La otra cara del tratamiento farmacológico

Un estudio de sustancias psicoactivas adelantado en Colombia en 2013 indica que el uso de benzodiacepinas –medicamentos psicotrópicos– sin prescripción médica es más frecuente en la población entre 18 y 30 años, con aumento importante en estratos socioeconómicos medio y alto; el mayor consumo se da entre las mujeres.

Creado por José Julián López | Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia.

18 de septiembre de 2023 | Sede Bogotá

En marzo de 2020, con la declaración de pandemia por COVID-19 se evidenció un aumento en la prevalencia e incidencia de patología mental, duplicando el riesgo de presentar un primer episodio por trastorno psiquiátrico frente a otras enfermedades. Esta también trajo cambios en el estilo de vida, lo cual favoreció el aumento en el consumo de psicofármacos como antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos e hipnóticos.

Entre 2003 y 2008 se reporta el mayor consumo de ansiolíticos e hipnóticos, además de un aumento de su prescripción médica en el régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, con un crecimiento del 135 %.

Por otra parte, un estudio reciente –aún no publicado– identificó que entre 2017 y 2021 los medicamentos con mayores ventas fueron quetiapina, levomepromazina y clozapina.

¿Qué pasa con los tratamientos farmacológicos cuando hay un trastorno de salud mental? Para entender este tema es necesario precisar cómo trabajan las neuronas. Estas unidades funcionales del sistema nervioso son las células encargadas de transmitir impulsos nerviosos, motores o sensitivos a todas las partes del cuerpo, además de crear puentes de comunicación dentro del mismo cerebro.

La transmisión se realiza de dos maneras: (i) a través de corrientes eléctricas, que se pueden evidenciar en el electroencefalograma, y (ii) mediante neurotransmisores (NT), sustancias químicas que incluyen la serotonina, la dopamina y la acetilcolina. La teoría más aceptada hoy sobre la causa de las enfermedades mentales se relaciona con la alteración de los NT.

Los psicofármacos –o fármacos utilizados para tratar enfermedades mentales– tienen un efecto terapéutico en el cerebro, y por ende en el comportamiento de los individuos. Estos se emplean como parte del tratamiento en diferentes trastornos psiquiátricos, ya que favorecen cambios de conducta y la neurotransmisión sobre el sistema nervioso central (SNC).

Estos son relativamente recientes, pues empezaron a utilizar en la década de 1950, y gracias al desarrollo científico en torno a esta temática se ha logrado diversificar una variedad de psicofármacos –como antidepresivos, antipsicóticos, estabilizadores del estado de ánimo y ansiolíticos– para patologías cada vez más prevalentes.

¿Qué pasa con la farmacoterapia?

Aunque actualmente esta ciencia tiene como objetivo bloquear, imitar o modular algunos de los tantos NT existentes en el cerebro, además de producir un efecto benéfico en una patología pueden producir molestias en otras funciones cerebrales, dado que un mismo NT se puede encontrar en diferentes vías del cerebro.

Por ejemplo la risperidona, un fármaco utilizado en el tratamiento de enfermedades mentales graves (esquizofrenia, episodios maníacos), mientras por una parte puede mejorar la sintomatología, por otra puede incrementar la producción de prolactina, cuyas consecuencias se mencionarán al final de este texto, en el apartado “Reacciones adversas”.

La naturaleza de los psicofármacos es ajena a la biología humana, y por eso todos ellos tienen el potencial de causar algún evento no esperado aunque se consuman en las dosis y condiciones recomendadas por el médico. También se pueden presentar molestias con las primeras dosis mientras el organismo se adapta a los fármacos, por lo que el médico deberá ajustar la dosis para disminuir sus efectos iniciales de manera que sea más tolerable para el paciente.

Pero no todas las reacciones adversas son graves, y por lo tanto no es necesario suspender el tratamiento; antes de hacerlo es importante consultar con el farmacéutico, quien le ayudará a reconocer las reacciones que pueden ser signos de alarma, le indicará los horarios más cómodos para tomar el medicamento y la forma correcta de tomarlos (algunos se pueden fraccionar, otros se deben tomar en ayunas, entre otros), y además qué otros medicamentos o productos naturales –prescritos o automedicados– debe evitar. Esta información será útil para disminuir la probabilidad de que se manifiesten algunas molestias.

Algunos síntomas inespecíficos como agitación, alucinaciones, convulsiones y coma también son reacciones adversas que deben ser comunicadas de forma oportuna al especialista tratante.

Recomendaciones para pacientes que tengan prescritos estos medicamentos:

  • No se automedique para el insomnio o la depresión reactiva (por ejemplo ante la pérdida de un ser querido), pues esto es una reacción normal.
  • Nunca suspenda bruscamente el tratamiento con psicofármacos, ya que puede producir un efecto rebote. Siempre consulte con el médico tratante.
  • Durante el tratamiento no consuma bebidas alcohólicas o sustancias de uso recreativo (cocaína, marihuana, entre otros), ya que estas pueden potenciar o reducir el efecto de algunos medicamentos. En algunos casos la enfermedad mental puede estar relacionada con síndrome de abstinencia o consumo excesivo de sustancias de uso recreativo, por lo que se recomienda realizar tratamiento simultáneo o previo para desintoxicación.
  • Al levantarse después de un tiempo acostado, hágalo lentamente. Se recomienda elevar las piernas y moverlas en círculo dos veces para evitar caídas.




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Inseguridad está generando trastornos de ansiedad

Un estudio del Laboratorio de Psicología Jurídica de la UNAL encontró que las personas de estratos más bajos tienen más miedo a ser víctimas de algún delito dentro del hogar, mientras que las de estratos más altos temen a delitos en el espacio público.

Creado por José Ignacio Ruiz-Pérez | Profesor asociado del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), coordinador del Laboratorio de Psicología Jurídica

18 de septiembre de 2023 | Sede Bogotá

Estudios en varios países han encontrado una leve relación entre mayores niveles de miedo al crimen –o de crimen percibido– y síntomas de ansiedad, depresión y estrés, o con una autopercepción de peores condiciones de salud.

Esto no quiere decir que el miedo al crimen por sí solo pueda causar un “trastorno de ansiedad”, como se le denomina en psiquiatría o psicología, pero sí una sensación de peligro que puede llevar a que las personas se refugien en sus casas antes de que sea de noche, o que incluso en el mismo hogar estén en alerta casi permanente ante posibles asaltos o robos, en particular en viviendas que son vulnerables al acceso de intrusos.

Desde la década de 1960 se analiza el temor o la percepción de riesgo que el crimen genera en la ciudadanía o en grupos sociales específicos, como por ejemplo las mujeres o los adultos mayores. En realidad este es un campo amplio, que por lo mismo presenta varias perspectivas de abordaje, como el estudio de los efectos que el miedo al crimen puede tener individual y colectivamente, o el papel de los medios de comunicación en las emociones e informaciones que transmiten sobre la criminalidad.

Los niveles altos de miedo al crimen pueden alterar las rutinas cotidianas, como dejar de transitar por ciertas calles, no usar los parques u otros equipamientos humanos porque en los imaginarios o realidades se asocian con presencia de delincuentes, o no salir de noche, todo ello para evitar ser asaltado. Sin embargo, en ocasiones el miedo al delito se da hacia el hogar, porque también ese espacio –que debería ser seguro– puede ser escenario de delitos, como las varias formas de violencia doméstica.

El temor al delito también puede llevar a las personas y comunidades a adoptar medidas de autoprotección, en especial cuando en la ciudadanía prevalece una imagen negativa del sistema judicial, particularmente de la Policía, ya que es la institución con la cual las personas tienen un contacto más cotidiano y directo. Las olas de encuestas más recientes de Latinobarómetro muestran que en muchos países de América Latina se asocia a la Policía con prácticas corruptas.

Otros estudios indican que la ciudadanía percibe una baja eficacia de la Policía, entendida la eficacia como la captura de delincuentes y la rapidez de reacción ante los llamados de auxilio. Vale aclarar que aunque muchos operativos de la Policía llevan meses de preparación, de recolección de pruebas judiciales y de seguimientos para llegar a las capturas, la ciudadanía se guía en sus imágenes y representaciones sociales por su contacto directo y cotidiano con la Policía: así, tanto los rumores sobre agentes de tránsito que reciben sobornos para no poner el comparendo, como el ver que los policías miran a otro lado para no confrontar a quienes se cuelan en TransMilenio, o las medidas de casa por cárcel que se otorgan en los estrados a los autores de ciertos delitos, pueden contribuir sin duda a que las personas se sientan desprotegidas frente al crimen.

Esto a su vez puede llevar a que las personas traten de mejorar la seguridad de la vivienda, por lo que instalan alarmas o cerraduras más seguras o compran animales “bravos” para cuidar el hogar. Quienes pueden, se trasladan a vivir a barrios que perciben como más seguros, o conjuntos de viviendas que funcionan como miniciudades, con circuito cerrado de televisión, canchas deportivas y salón de coworking, entre otros, de manera que se reduzca la necesidad de salir a la calle.

Miedo al crimen, salud mental e intervención

Un efecto colateral del miedo al crimen puede ser, precisamente, generar aislamiento entre los vecinos –hombres y mujeres– por no saber en quién se puede confiar. Vale la pena señalar que en ocasiones el nivel de miedo al crimen que las personas manifiestan en las encuestas puede reflejar sus preocupaciones o temores en otros órdenes de la vida. Así, las malas condiciones de la vivienda, la inseguridad alimentaria y la precariedad del empleo también generan temor al futuro y una percepción de poco control sobre la vida propia, todo lo cual se puede llegar a expresar –sin que nos demos cuenta– en nuestros miedos y preocupaciones frente al delito.

Por eso, en ciertos paradigmas críticos se emplea más el término “percepción de inseguridad”, ya que la inseguridad se puede experimentar no solo frente al delito sino también en esos otros ámbitos de los derechos humanos como la alimentación, la educación y la salud, entre otros.

En las formas de intervenir el miedo al delito existen varios niveles; por ejemplo, en el ámbito de la política criminal muchos Estados consideran el miedo al crimen como un problema específico, diferente de la criminalidad objetiva, que requiere intervenciones específicas. De hecho, en ocasiones los contextos de hábitat presentan índices de criminalidad relativamente bajos mientras los niveles de miedo al crimen son altos.

Aquí se puede necesitar la colaboración de diversos sectores; por ejemplo la Policía puede informar sobre capturas para mostrar eficacia en la lucha contra el delito, y debe guardar un trato irrestricto en el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía, pues los contactos o experiencias negativas generan un impacto más fuerte –en este caso negativo– en la ciudadanía que el aquel que generan los contactos positivos.

En cuanto a la ciudadanía, se pueden implementar varias estrategias, como por ejemplo verificar la autenticidad de las noticias que circulan por redes sociales sobre asaltos u otras agresiones a personas –adultos o niños desaparecidos–, pues en muchos casos replicarlos genera una alarma social innecesaria porque no han ocurrido en Colombia o corresponden a otras épocas.

Por otro lado, es importante y positivo mantener las actividades o rutinas cotidianas sin descuidar las conductas de seguridad; es decir, si usted sale al parque a practicar algún deporte o ejercicio y considera que su casa queda desprotegida, puede adaptar sus rutinas de ejercicio en el hogar, para seguir conservando su buen estado físico.

Además puede mantener contacto telefónico o por WhatsApp con sus compañeros de deporte para no perder los contactos sociales, que también contribuyen positivamente a la salud mental. En suma, se trata de mantener las actividades, en lo posible aprendiendo y enseñando diferentes estrategias a otras personas. También puede reducir la sobreexposición a los noticieros y a los contenidos violentos de las pantallas, sin que esto signifique resignarse a vivir desinformado.

El papel de los medios de comunicación

El rol que juega el consumo de noticias de crímenes es una de las líneas “clásicas” en el estudio del miedo al crimen. A finales de los años 80, el periodista y teórico sobre la comunicación George Gerbner propuso la teoría del cultivo, según la cual las personas vamos acomodando nuestra visión del mundo real a los contenidos que transmiten los mass media.

Así, las personas que ven más noticias sobre delincuencia tenderían a calcular que hay más delitos de los que realmente se producen, y sobreestimarían la probabilidad de ser víctimas de un delito. Hoy, casi 30 años después de los primeros trabajos de Gerbner, el panorama es más complejo. Primero, porque el efecto de la televisión está relacionado en parte con la credibilidad que la gente les dé a las noticias.

En segundo lugar, como lo indicaba la psicóloga Linda Heath en 1996, además de los noticieros, en la televisión hay programas dedicados a la investigación criminal, películas con contenido de violencia criminal, e incluso espacios dedicados a capturas en tiempo real. A esto se suma la información sobre delitos que puede circular en redes sociales en forma de videos compartidos de robos o de accidentes viales, que pueden generar alarma social.

Por ejemplo, el 21 y 22 de noviembre de 2019 circularon –tanto por televisión como por WhatsApp– imágenes de tumultos de personas entrando en conjuntos residenciales de Bogotá en el marco de las protestas sociales de esos días, y ello provocó una ola de llamadas a la línea 123. Conviene no desestimar la experiencia personal o de las familias, compañeros de estudios o del trabajo en relación con el delito, pues sus experiencias contribuyen –además de la influencia de los medios tradicionales y las redes sociales– a los imaginarios y el miedo que podemos desarrollar frente al delito.

En general, los estudios confirman que las noticias sobre crímenes pueden influir en el nivel de miedo al crimen, especialmente cuando son reforzadas por otras fuentes de información como redes sociales o experiencias personales, o cuando no hay otras fuentes.

Por otro lado, cuando la noticia deja la sensación de que las autoridades se ven desbordadas por el crimen –no se conocen los autores o es difícil capturarlos– se puede generar un mayor impacto por la sensación de falta de control del Estado sobre el crimen. De forma análoga, las fugas exitosas de casos emblemáticos y las falsas imputaciones, entre otros aspectos, pueden contribuir a deteriorar la imagen del sistema judicial y a un mayor temor al crimen.





Los medios de comunicación juegan un papel importante en el consumo de noticias de crímenes.Foto: Nicol Torres- Unimedios

Los medios de comunicación juegan un papel importante en el consumo de noticias de crímenes.
Foto: Nicol Torres- Unimedios

Debido a la normalización del trastorno mental, quienes lo sufren prefieren callar. Imagen: Periódico UNAL

Debido a la normalización del trastorno mental, quienes lo sufren prefieren callar.
Imagen: Periódico UNAL

Debido a la normalización del trastorno mental, quienes lo sufren prefieren callar. Imagen: Periódico UNAL

Debido a la normalización del trastorno mental, quienes lo sufren prefieren callar.
Imagen: Periódico UNAL

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El estigma y la discriminación

Tener un trastorno mental es enfrentarse a una doble aceptación: consigo mismo y con la sociedad. Un estudio realizado por la UNAL halló que el estigma o señalamiento relacionado con estereotipos no solo genera una barrera para acceder a servicios médicos para tratarlo, sino también una invisibilización sociocultural de las personas que lo padecen.

Creado por Liliana Matos Zaidiza | Editora Periódico UNAL impreso

18 de septiembre de 2023 | Sede Bogotá

Augusto Andrade es un odontólogo de 40 años, padre de dos hijas. Aunque durante toda su vida ha sentido que algo no está bien con él, fue solo después de la pandemia cuando el desempleo lo llevó a consultar a un especialista. El resultado: ataques de pánico que desencadenaron lagunas mentales.

Dicha consulta fue virtual, y por temor a lo que dirían su familia y sus colegas, prefirió mantener así las citas que siguieron, ya en pospandemia. Después de unos meses, cuando lo derivaron a psiquiatría, Augusto empezó a sentirse ansioso. Sabía que iba a ser medicado y no quería que esto quedara registrado en su historia clínica. Años antes presenció en una junta médica de su antiguo trabajo cómo llamaban a un colega suyo como “el loco ansioso medicado”, y sin duda él no quería ser ese loco, y mucho menos ser señalado ni tildado por nadie.

Pero el doctor Andrade no es el único en esta situación. Según el Estudio Nacional de Salud Mental de 2003, “el 40 % de los colombianos ha presentado un trastorno mental en algún momento de su vida, y apenas 1 de cada 10 pacientes con este diagnóstico ha recibido atención psiquiátrica”. Sin embargo, para que una persona sea diagnosticada con un trastorno mental debe pasar por un proceso que incluye señalamientos o estigmas de diversos actores de la sociedad, desde su familia hasta sus círculos laborales y culturales.

Partiendo de situaciones como esta, el psiquiatra Edwin Herazo, director del Instituto en Salud del Comportamiento Humano de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), adelantó un estudio –con los doctores Adalberto Campo Arias y Heidi Celina Oviedo, profesor de la Universidad del Magdalena y médica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, respectivamente– que identificó el estigma como una forma de discriminación que dificulta el acceso a servicios de salud mental adecuados e integrales.

En este contexto, las personas que tienen síntomas de un trastorno mental no acuden a las citas médicas, o cuando son diagnosticados no siguen el tratamiento por el miedo al señalamiento.

“En el caso del doctor Andrade se presenta un autoestigma por generalización de la sociedad, pues internaliza una idea preconcebida sobre las enfermedades de salud mental. El estigma afecta tanto a los pacientes y sus familiares como a los profesionales y las instituciones que trabajan en el área de salud mental”, explica el doctor Herazo.

Discriminación de parte y parte

El estudio se realizó en Bogotá, Medellín y Cali con una muestra de 120 personas con diagnóstico de trastorno mental grave, 120 familiares y 120 profesionales en salud mental, y encontró que en los tres grupos el estigma percibido era alto y que afectaba el acceso a servicios de salud mental.

“El estigma percibido es la creencia de que las personas con enfermedad mental son juzgadas, rechazadas o discriminadas por la sociedad, y puede afectar la autoestima, la confianza y el bienestar de las personas en esta condición”, explica el doctor Herazo.

En este caso, el estudio se dividió en esos tres grupos para determinar cómo percibían el estigma las tres partes: la persona que sufre la enfermedad, sus familias, y quienes prestan el servicio médico.

“En general, las personas, la sociedad y las instituciones pueden entender esto como un rasgo amenazante o perturbador en un momento dado y en el contexto social en el que se presente la persona. En consecuencia, se ve una discriminación proveniente de esa estigmatización, entendiendo que de ahí también viene el prejuicio”.

“Por ejemplo, en el ámbito médico se recomienda no decir que una persona ‘es psiquiátrica’ o llamarla por su diagnóstico, ya que este tipo de manifestaciones llevan a una carga de prejuicio, estigmatización y discriminación. Esto también cobija las barreras burocráticas durante la atención prestada, como decir que la persona se está ‘inventando’ una enfermedad”, destaca el psiquiatra.

Las entrevistas permitieron identificar que la población más afectada por el estigma como barrera para acceder a servicios de salud mental son las personas que padecen trastornos mentales graves como esquizofrenia, trastorno bipolar o depresión profunda. También que si las personas no reciben un tratamiento adecuado pueden tener un mayor riesgo de involucrarse en delitos o de ser víctimas de violencia o abuso.

La gente prefiere callar

El doctor Herazo considera que “desde antes de la pandemia, en Colombia las personas han tenido que omitir que tienen problemas de salud mental, si están en tratamiento o si están recibiendo algún tipo de apoyo psicosocial, porque tradicionalmente eso se puede convertir en un elemento que no permite que los seleccionen para un cargo o un ascenso; incluso ocurre en los procesos de admisión de algunas instituciones académicas”.

Frente a esto, la doctora Raquel Viejo Sobera, profesora del área de Neuropsicología y Neurociencias de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya e investigadora de Cognitive NeuroLab, señala que “es imprescindible normalizar los trastornos mentales. Nadie se metería con otra persona porque tiene gripe, por ejemplo, porque se entiende que es algo que te viene de fuera y tú no lo has provocado, pero con trastornos mentales como la depresión se tiene la idea de que es el propio paciente el que se lo provoca, o el que no es capaz de salir de ahí porque es débil”.

Sin embargo, la normalización del trastorno mental se ha dado de una forma tan negativa y excluyente, que quienes lo sufren prefieren callar, lo mismo que sus familias, y algunos médicos tratantes llegan a juzgarlos por la razón de su consulta.

En el país es frecuente el diagnóstico de depresión posparto; se estima que alrededor del 20 % de las mujeres lo sufren, y se manifiesta con sentimientos de tristeza, culpa, ansiedad, irritabilidad, falta de interés, dificultad para dormir y miedo de cuidar al bebé. Sin embargo, ante la falta de tiempo, las madres deciden callar, pese a las consecuencias que este trastorno tiene tanto en su salud como en la de su hijo y su familia.

¿Cómo avanza esta discusión en Colombia?

La pandemia fue un punto de quiebre. En redes sociales se divulgaron varios casos de médicos, enfermeras y profesionales de la salud que al comienzo y durante el pico más alto de contagio fueron señalados por ser “foco de contagio”, una discriminación que se mantiene en pospandemia.

Nubia Bautista, subdirectora de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social, resalta un estudio que evidenció que “los riesgos de depresión y ansiedad aumentaron 3 veces durante la pandemia. El 44,7 % de nuestros niños tienen indicio de un problema de salud mental, lo que hace que requieran de una valoración por un profesional entrenado”.

Pero llegar a ese diagnóstico no es una tarea fácil. El recorrido que debe hacer una persona para acceder a este servicio depende del plan de salud que tenga: si es un Plan de Atención Básico (antiguas EPS), debe sacar una cita con médico general, esperar su valoración y ser remitido a cita psicológica, para la cual deberá tramitar una autorización. Este especialista realiza una nueva valoración y le sugiere, según el caso, unas citas semanales que también requieren de una autorización que se demora unos 15 días.

“Cuando han pasado unos meses y finalmente la persona logra ir a una segunda cita, es posible que su especialista ya no sea quien lo atendió antes y tiene que comenzar nuevamente todo el proceso. Los tiempos de espera para ver a un psiquiatra pueden llegar a los tres meses”, explica la profesora Yolanda Torres, especialista en Salud Mental.

Casos como este dejan en evidencia que en Colombia el estigma como barrera para acceder a servicios de salud mental se materializa por factores como la reducción de solicitud de atención; la escasa asignación de recursos a salud mental; el proceso sistemático de pauperización de las personas que los padecen; el incremento del riesgo de implicaciones en delitos, y el contacto con el sistema legal; también por la invisibilización de la vulnerabilidad de estas personas.

“La gente piensa que los diagnósticos ya están dados, pero el camino para llegar a ellos es largo, porque parten de la aceptación. Una persona puede tardar hasta 5 años buscando ayuda para tratar ese malestar, que sabe que se está manifestando pero no sabe qué es”, señala el profesor Herazo.

Otro punto de esta problemática son los aspectos culturales según las regiones, pues la estigmatización se da de manera distinta en cada una de ellas.

La Encuesta Nacional de Salud Mental 2015 muestra que en la región Caribe es más fácil reconocer las emociones de los otros, una ventaja que ayuda al personal médico. “Hace falta que la categoría de salud mental sea transversal a todo lo que hace una persona, pues tener un trastorno mental sin tratamiento puede convertirse en un ‘gatillo’ que desemboque en una enfermedad mental mucho más grave”, sostiene el psiquiatra Herazo.

Por último, el docente señala que “es paradójico que Colombia tenga suficientes documentos normativos y de política, pero que al final resultan contradictorios porque superponen los procesos que estigmatización y excluyen sobre aquellos que son sociales como la aceptación de un trastorno mental y que requieren procesos que incluyen factores sociales de peso”.





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Los accidentes viales también dejan secuelas mentales

En medio de las estadísticas sobre accidentes de tránsito y sus consecuencias físicas hay un aspecto que aunque a menudo pasa desapercibido sí afecta profundamente a las víctimas: su salud mental. Una escala psicológica construida con información suministrada por psicólogos, abogados y trabajadores sociales permite medir los síntomas que experimenta una persona tras verse envuelta en un suceso así, para que pueda recibir una adecuada atención profesional.

Creado por Tatiana Bahamón Méndez | Periodista Unimedios Sede Bogotá

23 de septiembre de 2023 | Sede Sede Bogotá

En las calles y carreteras del país, los pitos ruidosos de un automóvil descontrolado, el chirriar de los neumáticos en una maniobra de frenado brusco o la pérdida de control del vehículo, a menudo componen una sinfonía que deja secuelas en los sobrevivientes de accidentes, que con frecuencia son imperceptibles, como las afectaciones mentales.

A diciembre de 2022, la fatalidad en calles y carreteras colombianas acechó a 1.048 personas de las cuales 760 murieron y las demás presentaron lesiones, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

Detrás de cada una de las cifras de las alarmantes estadísticas cuyo común denominador entre las víctimas siguen siendo los motociclistas y peatones, se oculta un entramado emocional que cambia el destino de aquellos atrapados en el caos vial.

En diciembre de 2015 Brigitte Barrero Martín, de 23 años, estudiante de Ingeniería Multimedia, tuvo un accidente mientras se dirigía de Soacha a Bogotá en moto junto a su tía, una experiencia que le cambió la vida.

En un fatídico encuentro, un colectivo cerró abruptamente su paso, lo que llevó a la pérdida de control del vehículo y al trágico accidente. Ambas cayeron debajo del semáforo, y cuando se disponían a levantarse fueron arrolladas por una volqueta dobletroque.

El desenlace fue desgarrador: la tía de Brigitte falleció instantáneamente y ella sufrió graves heridas que la llevaron a la Clínica Vascular, donde se sometió a múltiples intervenciones quirúrgicas que incluyeron una compleja construcción de cadera y cintura con tornillos y platinos, una reconstrucción de conducto vaginal y una dolorosa amputación de pierna con desarticulación total de cadera.

Para superar este evento traumático, Brigitte recurrió a terapia psicológica y al ciclismo como una vía de escape y superación que poco a poco le ayudó a dejar atrás las imágenes dolorosas de ese momento. Con el tiempo, se integró a la Liga de Natación de Alto Rendimiento Paralímpico.

Lo que indica el diagnóstico

El impacto en la salud mental de cada persona tras sufrir un accidente de tránsito es muy variable. Por ejemplo, un leve choque en el que solo hay daños en los vehículos puede parecer insignificante para algunas personas, pero para otras puede tener un impacto significativo y provocar daños psicológicos.

En la investigación dirigida por el psicólogo José Ignacio Ruiz Pérez, profesor de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), se exploraron los impactos psicológicos que pueden dejar estos eventos repentinos, y se encontró que el estrés postraumático y la ansiedad son las consecuencias más frecuentes.

El estrés postraumático es como una sombra oscura que se postra sobre quienes han enfrentado experiencias traumáticas; se ven atrapados por recuerdos perturbadores o flashbacks que los transportan al evento traumático, tienen pesadillas y el síntoma de la “habitación”, que les impide salir.

La ansiedad surge como una reacción natural a situaciones relacionadas con el accidente; genera nerviosismo y angustia constante que lleva a evitar transitar por las calles con normalidad.

Los resultados se obtuvieron tras entrevistar a 6 expertos, entre psicólogos, abogados y trabajadores sociales que lidiaron con estos casos a través de la atención psicológica, jurídica y social del Centro de Orientación para Víctimas de Siniestros Viales (ORVI) de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Entre 2020 y febrero de 2023 este programa tuvo a la UNAL como su operador, y hasta esa fecha logró atender a más de 800 ciudadanos en condición de peatones, ciclistas, motociclistas, conductores o pasajeros de Bogotá y sus alrededores.

El profesor Ruiz señala que a dichas secuelas se suman un serie de acontecimientos que afectan el bienestar de las personas, entre ellos:

  • Temor a volver a usar un medio de transporte, ya sea como conductor, copiloto o pasajero.
  • Miedo a transitar nuevamente por las vías.
  • Culpa: se cuestionan sobre cómo actuaron en ese momento: ¿y si hubiera salido más temprano o más tarde? ¿Y si hubiera tomado una ruta diferente?
  • Depresión: puede aparecer por la pérdida de seres queridos, la aparición de alguna discapacidad o la afectación en su calidad de vida.

Evaluación psicológica

La importancia de identificar los síntomas o consecuencias psicológicas que pueden afectar a las personas que pasan por estos eventos viales radica en proteger su salud emocional y su bienestar, por ello expertos aseguran que es esencial evaluar los posibles efectos que pueden tener para brindarles el apoyo profesional oportuno y necesario.

Uno de los logros más significativos de la investigación del profesor Ruiz ha sido la creación de una escala para medir la afectación psicológica en las víctimas de accidentes de tránsito. La herramienta cuenta con una serie de ítems agrupados en 8 categorías: (i) emociones y sensaciones, (ii) conductual, (iii) dificultades, (iv) emociones, (v) cognitivos, (vi) afrontamiento, (vii) existenciales y (viii) sociales. Los profesionales pueden utilizar esta escala en la valoración como si fuera un cuestionario, asignando una puntuación que refleje el estado actual del paciente.

La elaboración de esta escala se basó en la información proporcionada por los orientadores del ORVI, quienes trabajaron diariamente con los afectados y han sido testigos de las diversas consecuencias derivadas de estos eventos traumáticos. Para garantizar su validez y confiabilidad, el contenido fue cuidadosamente delimitado y evaluado por expertos en accidentes de tráfico.

“Es útil tener una escala específica para víctimas de tránsito, en la cual preguntamos sobre el evento de tránsito específico y no sobre uno en general. Esto nos permite hacer un abordaje más preciso, identificando cuáles son las conductas que prevalecen en los pacientes”, subraya el profesor.

El camino legal

Además de los desafíos emocionales, las víctimas de accidentes de tránsito deben lidiar con los largos y complejos procesos judiciales, que son una carga adicional para su situación.

En el ámbito jurídico, los siniestros viales se consideran como errores humanos y pueden dar lugar a acciones penales y civiles. La Fiscalía General de la Nación es la entidad encargada de los casos relacionados con lesiones personales y homicidios, pero si se trata de daños materiales que no involucran víctimas directas, las aseguradoras son las que entran a actuar.

En el caso de lesiones personales, la presentación de la querella ante la autoridad competente es un paso crucial para iniciar el proceso de investigación. El abogado Santiago Sarmiento, quien ha brindado asesoría jurídica en el ORVI, enfatiza en la importancia de que la víctima asuma este paso inicial en un plazo máximo de 6 meses después del siniestro vial, ya que, si no lo hace, pierde la oportunidad de llevar adelante una acción penal.

Una vez presentada la querella, la Fiscalía tiene un plazo máximo de 2 años para llevar a cabo la investigación y recoger las pruebas necesarias para determinar la responsabilidad de los implicados en el siniestro. Durante este proceso, el afectado también debe cuantificar adecuadamente sus pretensiones económicas relacionadas con lucro cesante, daño emergente e indemnización por secuelas y perjuicios, y así finalmente se puede llegar a un acuerdo entre el afectado y quien tuvo la responsabilidad del accidente.

No obstante, incluso en medio de un proceso jurídico adecuado, todo puede estar en juego, según explica el experto. Si no se presentan pruebas sólidas que respalden con precisión los hechos ocurridos en un siniestro vial, la víctima podría enfrentarse a la desalentadora posibilidad de no recibir ninguna reparación legal.

El impacto de estos eventos va más allá de las lesiones físicas; el profesor Ruiz señala que “en muchos casos, aquellos que resultan con lesiones físicas se ven obligados a abandonar sus empleos, al menos temporalmente, y experimentan afectaciones emocionales importantes que agravan aún más su difícil situación”.

Costos fúnebres

Los costos funerarios son una realidad dolorosa que las familias de víctimas de siniestros viales deben enfrentar inmediatamente después de la tragedia y es una carga adicional al proceso de duelo. Al indagar con diferentes funerarias, en Bogotá los gastos promedio oscilan entre 4 y 6 millones de pesos según factores como la ubicación geográfica, el tipo de sepultura, los servicios elegidos, los arreglos florales y la duración de la ceremonia de exequias, entre otros.

En Colombia, se han identificado numerosos casos similares al de Brigitte Barrero, en los cuales las personas afectadas se enfrentan no solo a las secuelas físicas y psicológicas de sus experiencias, sino también a una lucha constante entre aceptar y adaptarse a la nueva realidad o enfrentar complicaciones jurídicas y económicas. Los expertos Ruiz y Sarmiento coinciden en la importancia de abordar esta problemática, brindando un apoyo psicológico adecuado y estableciendo medidas preventivas contundentes para proteger la vida de las personas y su bienestar mental.





El impacto en la salud mental de cada persona tras sufrir un accidente de tránsito es muy variable. Foto: Nicol Torres / Unimedios.

El impacto en la salud mental de cada persona tras sufrir un accidente de tránsito es muy variable.
Foto: Nicol Torres / Unimedios..

Imagen: Periódico UNAL

Imagen: Periódico UNAL

Según el Ministerio de Salud y la Protección Social, en Colombia hay 2 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Foto: Nicol Torres - Unimedios

Según el Ministerio de Salud y la Protección Social, en Colombia hay 2 psiquiatras por cada 100.000 habitantes.
Foto: Nicol Torres - Unimedios

Según el Ministerio de Salud y la Protección Social, en Colombia hay 2 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Foto: Nicol Torres - Unimedios

Según el Ministerio de Salud y la Protección Social, en Colombia hay 2 psiquiatras por cada 100.000 habitantes.
Foto: Nicol Torres - Unimedios

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Estudio revela deterioro de la salud mental de niños y adolescentes en Bogotá, ¿qué está pasando?

Una investigación de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y la Secretaría de Educación Distrital, adelantada con 10.000 niños y adolescentes de 20 colegios públicos de la ciudad, revela que 1 de cada 8 estudiantes de secundaria ha pensado en hacerse daño, y 1 de cada 34 ha intentado suicidarse, siendo las mujeres quienes lideran el puesto en cada estadística; solo en Bogotá 10 mujeres entre 10 y 18 años se suicidaron en 2023.

Creado por Lauren Franco | Periodista Unimedios

18 de septiembre de 2023 | Sede Orinoquia

Valeria1 tiene 14 años y cursa octavo grado; le gusta bailar, pintar y ama el pop coreano. Aunque se muestra como una niña alegre y ocurrente, a su corta edad ha estado internada tres veces en un hospital psiquiátrico por intento de suicidio; la primera vez ocurrió cuando tenía 11 años.

“Estaba muy estresada por todas las tareas que tenía y luego peleé con mi mamá e intenté colgarme en mi cuarto con una cuerda para saltar”, contó la menor. El acto no se consumó, y de inmediato se encendieron las alarmas en su casa. En los tres años siguientes vinieron tres hospitalizaciones, consultas con varios profesionales en salud mental, y dos primeros diagnósticos: trastorno depresivo y ansiedad.

Sin embargo las cosas no mejoraron para Valeria, quien seguía desmotivada, no encontraba razones para vivir y sentía frustración constante por todo. Su familia siguió tocando puertas hasta que tuvo un tercer diagnóstico: trastorno por déficit de atención (TDA). Así comenzaron a atar cabos: la frustración por no entender, la impulsividad, el bajo rendimiento escolar, e incluso la inmadurez emocional se explicaban con este trastorno.

El desencadenante emocional de Valeria se dio durante el aislamiento social por la pandemia del COVID-19, pero ella no fue la única. El Observatorio sobre Infancia de la UNAL Sede Bogotá desarrolló una investigación en conjunto con la Secretaría de Educación Distrital para entender cuál era el impacto de la pandemia en la salud mental de 10.000 niños y adolescentes de 20 colegios públicos de la ciudad en el 2020, durante la pandemia.

Los resultados reflejan el estado emocional y mental de esta población: 1 de cada 8 estudiantes de secundaria pensó en hacerse daño, y 1 de cada 34 intentó suicidarse, siendo las mujeres quienes lideran el puesto en cada estadística.

Cifras que preocupan

Aunque la población mayor de 14 años es la que más presenta una conducta suicida, la investigación también identificó que 68 padres de estudiantes de preescolar y primaria manifestaron que sus hijos amenazaron con lastimarse, o lo han intentado. Aunque las razones pueden ser diversas, lo cierto es que el duelo por la pérdida de un familiar, regular emociones como la ira o la tristeza, e incluso ser víctima de algún tipo de violencia física o emocional, pueden motivar esta conducta.

Para la psicóloga Paola Yamhure, investigadora del Observatorio, “este es un dato preocupante y una señal de alarma, pues en esta edad es cuando se establecen las bases para la regulación emocional, se entrenan los impulsos y pueden aparecer manifestaciones de desórdenes emocionales”. Sin embargo, enfatiza en que aunque el estudio se hizo durante la pandemia, estas no son conductas exclusivas de ese momento.

“La pandemia nos abrió la posibilidad de visibilizar esta problemática, que ya se venía presentando pero de la que no se hablaba. Para los estudiantes había muchos asuntos silenciados, desde la sensación de soledad hasta la desesperanza con el futuro […] aunque encontramos que la mayoría de los estudiantes están bien, se debe prestar atención a esos focos que dicen que algo anda mal”, puntualiza la psicóloga Yamhure.

Y la realidad no es diferente. El deterioro de la salud mental en la infancia y adolescencia del país no responde solo a la pandemia. Cifras de la Secretaría de Educación indican que a junio de 2023 se reportaron 775 casos de conducta suicida en menores de 12 a 17 años, siendo un antecedente de riesgo el maltrato y el abandono de sus familias, y las rupturas amorosas. Las cifras preocupan, en 6 meses del año 14 menores entre los 10 y 18 años se han suicidado.

Andrés Felipe Avendaño, jefe de la Oficina para la Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación, explica que aunque las localidades de Suba, Kennedy y Bosa (las más grandes de Bogotá) presentan la tasa más alta de conducta suicida, esto obedece a factores como el alto número de personas que las habitan, y por ende el alto número de estudiantes matriculados. Para él es preocupante que localidades como La Candelaria o Los Mártires, siendo más pequeñas, tienen más casos.

“Históricamente la localidad de Los Mártires ha presentado un número alto: este año 6 de cada 1.000 estudiantes tuvo una conducta suicida. A pesar de que esto obedece a muchos factores, encontramos que en esta localidad existe la explotación sexual de menores y el reclutamiento para sustancias psicoactivas; además es vecina de la localidad de Santa Fe, lo que sugiere la presencia de pandillas y vulneración de derechos”, explica el vocero.

La psicóloga de la UNAL Diana Bejarano comenta que “en los grupos de discusión evidenciamos que los estudiantes manifestaban situaciones relacionadas con problemas familiares y pobreza que no les permite satisfacer necesidades básicas como una buena alimentación o actividades de esparcimiento, entre otros factores”. Al volver a la presencialidad, junto con el equipo del Observatorio sobre infancia, desarrolló una investigación en 14 colegios para conocer cuáles fueron los factores que protegieron a los estudiantes de algún problema emocional.

A algunos estudiantes la pandemia les ayudó a ser organizados, fomentar su autoestima y tener más seguridad personal. Incluso los jóvenes crearon estrategias como pintar o hacer artesanías para venderlas y apoyar a su familia. Entretanto otros desarrollaron conductas agresivas contra sí mismos o contra otras personas.

Enfoque de género, una deuda hasta en la salud mental

Según el estudio, la tristeza, la soledad, la desmotivación y la desesperanza hacia el futuro fueron algunas de las emociones negativas que manifestaron los estudiantes. La psicóloga Bejarano explica que los estados emocionales negativos no configuran en sí mismos un problema mental, pero sí es un antecedente a trastornos mentales como la depresión o la ansiedad.

Las mujeres fueron quienes más acumularon emociones negativas, o al menos quienes más reconocen sentirlas. De la tristeza constante o la sensación de soledad a tener conductas autolesivas hay pocos pasos: 4 de cada 100 estudiantes mujeres que formaron parte del análisis han hecho cosas para quitarse la vida.

Lo paradójico de la situación es que, en el mundo, los hombres son quienes más se suicidan: solo en Bogotá 109 adolescentes hombres entre 12 y 17 años se suicidaron en 2022, frente a 40 mujeres. Sin embargo, el experto Avendaño señala que en 2023 ha habido un aumento en las mujeres menores de 18 años que se han suicidado, lo que para él resulta preocupante.

“Aunque sea pronto para decir qué pasa con la población femenina en los colegios, sí hemos visto que se siguen perpetuando violencias sexuales o basadas en género. Además, las mujeres sufren más hostigamiento escolar que los hombres, y todo eso influye en el suicidio de las niñas y adolescentes”.

Y los datos lo evidencian: de los 2.301 presuntos casos de violencia y abuso en estudiantes, el 36 % correspondía a violencia sexual a mujeres, y de los 278 casos de hostigamiento escolar, el 58,2 % fueron reportados por mujeres.

La psicóloga Lina Herrera, del equipo ¡En la Buena! de la UNAL, considera que una de las razones por las cuales se presentan estas situaciones es por la falta de investigación con enfoque de género en este tema. Sin embargo, destaca que no se puede negar el sistema machista, que les niega a los hombres la oportunidad de expresar sus emociones o pensamientos negativos.

“También hay una relación respecto al cuerpo. Los intentos de suicidio en los hombres llevan más agresión hacia su integridad física, mientras que las mujeres optan por medidas menos invasivas, aunque también violentas”, aseguró la profesional.

En esto coincide con la psicóloga Bejarano, pues durante el trabajo realizado en los colegios notó que en los hombres sí existe una necesidad de canalizar los sentimientos con la fuerza física, algunos de forma sana como correr o hacer algún ejercicio, pero otros con acciones más extremas: golpear la pared, romper las cosas e incluso agredir a alguien.

El reto: acceso a la salud mental

La experiencia de Valeria con los profesionales de la EPS fue devastadora, pues en ocasiones sentía que la culpaban por su situación o que le restaban importancia a su condición.

Según el Ministerio de Salud y la Protección Social, en Colombia hay cerca de 1.200 psiquiatras, es decir cerca de 2 profesionales por cada 100.000 habitantes, una cifra inferior a la recomendada por la OMS, que es de 10 profesionales por cada 100.000 habitantes.

Ante la precaria atención en las EPS se recurre a los servicios privados, algo que solo muestra la desigualdad en el servicio. La madre de Valeria cuenta que los gastos de su hija llegaron a 1 millón de pesos mensuales entre terapia psicológica, ocupacional, neuropsicológica y consultas por psiquiatría, eso sin contar los gastos de cualquier menor de edad, que para ella, una madre con un salario profesional promedio, resulta insostenible.

La psicóloga Yamhure destaca que “los niños deben aprender a autorregularse, a contar lo que les pasó, a transmitir sus necesidades a los demás, e incluso de superarse poco a poco, pero para eso se necesita gestión emocional”.

Para el docente Ernesto Durán, director del Observatorio Sobre Infancia, es importante trabajar en los factores que protegen a los niños de un deterioro en su salud mental, cómo los vínculos afectivos con la familia, los amigos e incluso los maestros. Así como aquellos factores individuales a los que recurren los adolescentes para protegerse de la conducta suicida entre los que se destaca la autonomía, el generar hábitos y rutinas, manejar los conflictos o buscar ayuda.

“Nuestra apuesta siempre ha sido por la promoción, prevención y el cuidado de la salud mental, en esencia es el proyecto ¡En la Buena!” concluye el docente Durán.

Un reto que los colegios aún tienen pendiente, pues los grupos numerosos o la falta de estrategias pedagógicas impiden estas enseñanzas. Mientras tanto, Valeria y otros niños y adolescentes del país seguirán sobreviviendo en un país que no ha logrado incluir la salud mental como prioridad en la agenda pública.





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¿Quién vela por la salud mental de los afrocolombianos?

Estudios sobre poblaciones expuestas al conflicto armado revelan que los trastornos depresivos, de ansiedad, estrés postraumático y sus manifestaciones psicológicas o emocionales sin causa médica aparente –como dolor y ansiedad– son más frecuentes en personas afrocolombianas víctimas tanto de desplazamiento forzado como de homicidios, amenazas y reclutamiento ilegal de menores. Lo peor: nadie atiende su salud mental.

Creado por Andrea Peñaloza Acosta | periodista Unimedios

18 de septiembre de 2023 | Sede Palmira

El panorama fue expuesto por el psiquiatra Carlos Arturo Cassiani, presidente de la Red Internacional para la Reducción del Estigma, quien afirma que “uno de los principales problemas es que no existe un estudio representativo de toda la población afro para estimar la prevalencia nacional; solo hay trabajos aislados, lo cual se puede considerar como una expresión del racismo estructural”.

A pesar de la relevancia de esta problemática, la escasez de investigaciones exhaustivas ha dificultado obtener datos precisos sobre la prevalencia de enfermedades mentales en esta comunidad.

Por ello, en 2014 se elaboró la “Propuesta de ajuste de la Política Nacional de Salud Mental para Colombia” con el propósito de referirse a los trastornos mentales con enfoque diferencial por etnia presentando cifras de prevalencia nacional en algunos grupos de afrodescendientes expuestos a actos de guerra:

Se ha documentado una prevalencia del 37 % de casos por estrés postraumático. El trastorno depresivo fue prevalente en el 37 % de las personas que no desarrollaron postrauma, mientras que entre quienes sí lo padecieron la prevalencia del mismo trastorno (depresivo) fue de 38 %. Además, la concomitancia del riesgo de suicidio fue de 37 y 67 % respectivamente.

El estudio se adelantó en el marco de un convenio de cooperación entre el Ministerio de Salud y Protección Social y la Organización Panamericana de la Salud, con la consultoría de los profesores de la UNAL Carlos José Parales y Zulma Consuelo Urrego.

Según los investigadores, “para esa fecha los índices de prevalencia se ubicaron muy por encima de los promedios detectados por las encuestas nacionales de salud mental de periodos cercanos y con poblaciones no expuestas a acciones directas de confrontación bélica”.

Estigma estructural y desatención en salud

En Tumaco, la lideresa Magnolia Ordóñez, de la Asociación de Mujeres Concheras Raíces del Manglar, y en Cisneros (Buenaventura) el líder comunitario Carlos Rentería, quien sustituyó cultivos de uso ilícito con la siembra de cacao cuando se firmó la paz en 2016, tienen algo en común: jamás han recibido atención psicosocial, pese a sufrir las inclemencias de la pobreza, la violencia, el racismo, la inequidad y la discriminación, y aunque están afiliados al régimen subsidiado.

En Tumaco, la lideresa Magnolia Ordóñez, de la Asociación de Mujeres Concheras Raíces del Manglar, y en Cisneros (Buenaventura) el líder comunitario Carlos Rentería, quien sustituyó cultivos de uso ilícito con la siembra de cacao cuando se firmó la paz en 2016, tienen algo en común: jamás han recibido atención psicosocial, pese a sufrir las inclemencias de la pobreza, la violencia, el racismo, la inequidad y la discriminación, y aunque están afiliados al régimen subsidiado.

“El aseguramiento en el sistema de salud, o la forma en que las personas en general acceden al sistema de salud del país, es otro estigma estructural. La investigación ‘Inequidad por la condición étnico-racial en el aseguramiento de salud en Colombia: un estudio de corte transversal’, adelantada en 2021, reveló que existe una asociación estadística significativa entre la condición étnico-racial y el tipo de aseguramiento de salud”, señala el psiquiatra Cassiani.

En el estudio se lee: “en comparación con el régimen contributivo, las probabilidades de estar afiliado al régimen subsidiado fueron 1,4 veces mayores en los afrocolombianos, comparado con el grupo de la población que no se reconoció como perteneciente a este grupo étnico-racial”.

Este es un dato relevante si se tiene en cuenta que “el aseguramiento mediante el régimen subsidiado se relaciona con una atención médica deficiente y menor acceso a servicios preventivos de atención primaria y consultas especializadas”, explica el psiquiatra.

Como ellos, gran parte de afrocolombianos, raizales y palenqueros enfrentan brechas significativas en el acceso a empleo, educación de calidad, condiciones de trabajo justas, remuneraciones, derechos laborales y protección social, especialmente las mujeres, quienes permanecen marginadas en los mercados laborales de América Latina y el Caribe, como indica el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2020).

Según la Agencia para ONU de los Refugiados (ACNUR), “las comunidades afrocolombianas representan cerca de 10 millones de habitantes y se encuentran alrededor de todo el país, aunque sus asentamientos tradicionales se ubican en el litoral Pacífico y el Caribe”.

Históricamente el Pacífico colombiano –en donde residen Magnolia y Carlos– ha sido una de las regiones con mayores desafíos en términos de salud mental debido a los altos niveles de violencia, conflicto armado, pobreza extrema, exclusión social y dificultades en el acceso a servicios de salud.

Racismo, discriminación y colonización

La profesora Magnolia del Pilar Ballesteros Cabrera, doctora en Salud Pública y docente asociada del Departamento de Psicología de la UNAL, explica que “las historias de colonización, opresión y las expresiones de discriminación pueden desencadenar experiencias particulares en grupos de afrocolombianos, en quienes la rabia, la frustración, la tristeza y la pérdida de sentido pueden impactar de manera particular en su salud mental”.

“Estos sentimientos se manifiestan en baja autoestima, estilos de comunicación indirecta, evitación del contacto visual, dificultades de autocontrol y autorregulación emocional, además de baja tolerancia a la frustración”.

Por su parte, el psiquiatra Cassiani aclara que “en la población afro la enfermedad mental se manifiesta de maneras distintas a las de otras comunidades del país, lo cual obedece a sus características culturales, como por ejemplo sus creencias y percepciones de la vida, todo lo cual modifica en las personas el desarrollo de alteraciones psicopatológicas como tristeza, falta de ánimo y concentración”.

Magnolia y Carlos –entre otros afrocolombianos– consideran que buscar apoyo psicosocial es impensable. Él afirma que le ha tocado hacer las veces de psiquiatra y resolver los problemas por sí mismo, ya que “vivir en zona rural hace más difícil el acceso a programas de salud mental”. Por su parte ella encuentra en el agua de palo de menta un alivio para la ansiedad, y en la Asociación de Mujeres Concheras un espacio para superarse y sumar a otras señoras a la causa.

Para ellos, “el psiquiatra termina siendo el último recurso al consultar cuando hay un problema o trastorno en salud mental”, pues asocian a este especialista con medicación y con una persona que desconoce su contexto y las condiciones sociales que los rodean.

Etnicidad y exclusión social, los desencadenantes

Tener un tono de piel más oscuro, autoadscribirse a un grupo étnico, ser inmigrante y vivir en zonas rurales aumenta el grado de exclusión social, mientras que contar con un mayor nivel de educación o de ingreso contrarresta el efecto.

Este problema fue planteado en la investigación “Etnicidad y exclusión social en Colombia en el periodo 2012-2017”, adelantada por la Universidad de Nariño y la Universidad de Alcalá (España) después de analizar información de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE, el cual arrojó que “por cada aumento de 1 punto porcentual en la etnicidad, el grado de exclusión social se incrementa en 7 puntos porcentuales”, lo cual amplía las probabilidades de padecer enfermedades mentales.

Los autores consideran que “la etnicidad alberga otras categorías como raza (concepto construido para justificar las diferencias físicas y taxonómicas entre los seres humanos), etnia e inmigración, las cuales representan los mayores elementos de discriminación y exclusión social en un país”.

El psicólogo Carlos Herrera, de acompañamiento integral de Bienestar Universitario de la UNAL Sede Palmira, asegura que “la mayoría de estas comunidades están en sitios marginados por la violencia y la pobreza, lo que vulnera sus derechos a la salud y la vida”.

Tradiciones ancestrales para curar el espíritu

El investigador Carlos Alberto Vásquez Londoño, de la Facultad de Medicina de la UNAL, señala que desde la época de la esclavitud esta población ha recurrido al uso de hierbas y saberes mágico-religiosos que fueron estigmatizados como delito o pecado por la sociedad colonial y castigados por la Inquisición.

Gerónimo Palomino, de la Maestría en Psicología de la UNAL, propone un esquema de psicoterapias con un enfoque transformador en la salud mental, que busca entender, a partir de los factores culturales y sociales, las afectaciones diferenciales que experimentan personas afro, LGBT y con discapacidades, poblaciones que han sido históricamente marginadas.

“Estas experiencias incorporan en el proceso terapéutico elementos culturales y simbólicos como rituales y medicina ancestral, lo que ha demostrado ser efectivo para la resignificación y sanación de las víctimas del conflicto armado y otros traumas masivos”, explicó.

Así, contar con estadísticas actualizadas sobre la prevalencia de trastornos mentales en la población afrocolombiana permitirá trazar un camino hacia el acceso equitativo y efectivo a la atención de la salud mental, pues las cifras no solo ofrecen un panorama claro de las necesidades específicas de esta comunidad, sino que también sirven como base para impulsar políticas y programas orientados a reducir el estigma, mejorar el acceso e implementar intervenciones acertadas.





Gran parte de afrocolombianos, raizales y palenqueros enfrentan brechas significativas en el acceso a empleo, educación y trabajo, entre otros. Foto: RAUL ARBOLEDA - AFP

Gran parte de afrocolombianos, raizales y palenqueros enfrentan brechas significativas en el acceso a empleo, educación y trabajo, entre otros.
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